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Bermúdez concedió el permiso a la letrada ....

 
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adminplataforma



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MensajePublicado: Dom Ene 18, 2009 1:40 am    Asunto: Bermúdez concedió el permiso a la letrada .... Responder citando

Bermúdez concedió el permiso a la letrada presa sin cumplir el protocolo

La reclusa no dejó sus huellas al salir ni en su expediente consta el permiso

AURORA LOZANO
SALAMANCA

José Ignacio Bermúdez concedió el permiso a la abogada presa en Topas saltándose todos los pasos estipulados en el reglamento penitenciario. Según pudo saber ayer este periódico, la última Junta de Tratamiento celebrada en la penitenciaría salmantina antes del día 31 no trató la salida de esta reclusa, algo fundamental, ya que es este órgano el que debe aprobar la salida de los internos tras un estudio previo de su historial, una entrevista con el interno y un estudio social.
Desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias aseguraban ayer que la Junta de Tratamiento aprobó esta salida, pero eso no consta en ningún acta ni la orden está guardada en el expediente de la presa. Además, antes del día 31 de diciembre no se sabía que M. J. B. B. iba a abandonar el centro y aquella mañana los responsables del equipo de esta mujer no estaban en la penitenciaría.
Fue el propio José Ignacio Bermúdez el que autorizó esta salida en una conversación telefónica con el director del Centro de Inserción Social de Zamora, parte de la prisión de Topas. La Dirección General no estaba avisada de la misma, ya que cualquier permiso a un recluso, tras ser aprobado por la Junta de Tratamiento, debe ser autorizado por la Dirección General en el impreso denominado M-POR formalizado en el Sistema de Información Penitenciaria. Tampoco consta este trámite ni la autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que debería estar guardada en la carpeta correspondiente a la reclusa.
Desde Instituciones Penitenciarias justificaban ayer la concesión del permiso diciendo que M. J. B. B. está clasificada como reclusa de segundo grado, aunque por el artículo 100.2, con el que se beneficia de algunas circunstancias del tercer grado. Aún así, los internos no pueden obtener un permiso hasta que no cumplen una cuarta parte de la condena impuesta. En este caso la reclusa está condenada a tres años y cuatro meses y entró en prisión en octubre, por lo que hasta agosto no podría conseguir ningún permiso.
Cabe la posibilidad de tener permisos de urgencia, pero estos sólo se dan en caso de enfermedad o muerte de un familiar o nacimiento de un hijo, y M. J. B. B. no cumple ninguno de ellos. Al ser preguntados por esta cuestión, desde Instituciones Penitenciarias aseguraban que es posible que obtenga una salida terapéutica o una salida programada. Sin embargo, pasar la Nochevieja fuera de la cárcel no es considerado ni una salida terapéutica ni una salida programada para participar en una actividad.
Este periódico intentó ponerse en contacto con el director de la prisión, pero estuvo reunido durante todo el día y la comunicación fue imposible, por lo que se habló con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Ayer se celebró Junta de Tratamiento en Topas y en ella José Ignacio Bermúdez habló de este asunto con los subdirectores y aseguró que todo estaba bien hecho.

Fuente: http://www.eladelanto.com

Mucho saben en este periódico del contenido de “la carpeta” y “el expediente” de una reclusa y ¿esto como es posible? ¿Es de dominio público esta información? Nos gustaría nos citaran y nos la enseñaran también a “La Plataforma de Apoyo a Maria José Blanco Barea”, es una petición en firme, y si es el resultado de filtraciones o del mal uso del cargo de algún funcionario, que se depuren responsabilidades y se abra una exhaustiva investigación al respecto y que se actúe de oficio por parte del Juez de Vigilancia Penitenciaria o a quien corresponda como máxima Autoridad.
Así mismo si no es cierta dicha información expuesta en este diario virtual eladelanto.com, que durante 2 días, en portada, ha estado escribiendo el encabezamiento de portada referente a la letrada en prisión………., que se le obligue de la misma manera y forma a retractarse y a informar correctamente, según dictamine o acuerde el Juez.
Los medios de comunicación tienen la obligación de informar objetivamente y contrastar, pero de eso a saber, el interior de los expedientes, carpetas y detalles de centros penitenciarios o cualquier tipo de Administración, hay mucho trecho o muy poca protección a la intimidad de las personas.
Si realmente el Protocolo se ha cumplido correctamente, el cual marca el Reglamento Penitenciario y es accesible como las Leyes y cualquier trámite que deba hacerse en cualquier Administración u Organismo, porque el ciudadano debe conocerlo y en la Red, se puede consultar todo, deberá decirlo Instituciones Penitenciarias y el propio Juez de Vigilancia Penitenciaria que lleva el caso, dudo que a un periódico se le enseñe el formulario tal o cual hecho o si las huellas se han cogido o no, porque de entrada desconocen diciendo esto, muchas cosas y procedimientos.
Nosotros copiamos de entrada el Artículo del Reglamento Penitenciario 100.2 porque para informar a los ciudadanos, primero se debe informar de que se aplica textualmente y que hay precedentes y más graves y en esta PLATAFORMA NO ESTAMOS DEFENDIENDO AUTORES DE DELITOS DE SANGRE, NI TERRORISMO, ni atacando de momento a cargos políticos puestos “a dedo” que se esconden y llevan a las madres de sus hijos a prisión y ésta era la finalidad amparado por la “Justicia”, si esto es defenderse que baje Dios, si existe, y lo vea.


Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.

CAPÍTULO II.
CLASIFICACIÓN DE PENADOS.
Artículo 100. Clasificación penitenciaria y principio de flexibilidad.
2. No obstante, con el fin de hacer el sistema más flexible, el Equipo Técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado. Esta medida excepcional necesitará de la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia correspondiente, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.

Nos permitimos la licencia de copiar “un caso” de hace unos años, es una noticia de Europa Press, EL REO CUMPLE CONDENA DE 75 AÑOS POR DELITOS DE SANGRE. 2 ASESINATOS, era el ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, si les apetece, lean y comparen .

Vigilancia Penitenciaria concede el tercer grado a Galindo por ser 'absurdo' mantenerle sólo en libertad por enfermedad

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El juez Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, ha concedido el tercer grado penitenciario al ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, al entender "absurdo" y "paradójico" no hacerlo y mantenerle en libertad por motivos de salud al amparo del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. "Esta flexibilización es tan amplia que resulta absurda su no clasificación en tercer grado", afirma el magistrado en el auto hecho público hoy.
El juez Castro explica que su reflexión coincide con la efectuada por el jurista de la cárcel de Ocaña, donde Galindo estaba encarcelado hasta el pasado 29 de septiembre, cuando fue excarcelado y trasladado a su domicilio por motivos de salud. El letrado penitenciario elevó un voto particular contra la decisión de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de mantener a Galindo en segundo grado penitenciario. Ahora el magistrado ha estimado el recurso que la defensa del ex general presentó contra esta decisión.
"Resulta paradójico un régimen de vida tan amplio como el que se establece en el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario. Dicho de otro modo, lo que ya se está aplicando en la práctica es un régimen similar al tercer grado", explica la resolución.
La gravedad de los delitos cometidos por Galindo (condenado a 75 años de cárcel por el secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala) "no puede obviarse". No obstante, el juez Central añade que "el Derecho penal tiene que tener necesariamente una aplicación humanística, que si bien se limita en la fase de enjuiciamiento por el sistema de aplicación de las normas jurídicas, se amplía en el ámbito del Derecho penitenciario, porque éste permite partiendo de la naturaleza del delito, valorar la evolución del interno (en este caso muy favorable) y aquéllas circunstancias que inciden directamente en la posibilidad de progresión".

En este sentido, el auto agrega que "el estado de salud del interno (en el expediente consta la asistencia en varias ocasiones a consulta médica con varios ingresos hospitalarios, siendo el último informe médico del 22 de diciembre de 2004 en Zaragoza), permite tener esta circunstancia en cuenta como un motivo importante para la progresión de grado pretendida".
La resolución comienza explicando las generalidades de la legislación para la clasificación de los internos por grado y la función de la pena a cumplir, que debe orientarse a la reeducación y reinserción social del penado, sin olvidar una irrenunciable función de restablecimiento de la confianza de la comunidad en la vigencia de la norma infringida con el delito, lo que se conoce como prevención general positiva.
SITUACIÓN DE GALINDO.
A continuación, el auto se refiere en concreto a Rodríguez Galindo, condenado a un máximo de 30 años de cárcel de cumplimiento con el Código Penal de 1973, de los que el 22 de noviembre había cumplido un cuarto. Se prevé que hubiera cumplido las tres cuartas partes el 19 de noviembre de 2013. No obstante, el juez afirma que la evolución de Galindo "es muy positiva" y recuerda que ha cumplido 67 años con un estado de salud preocupante, lo que permitiría acortar el tiempo que resta a las tres cuartas partes de condena por el hecho de aproximarse a los 70 años de edad con los efectos jurídicos que ello conlleva.
Además, el pasado 14 de abril, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciara decidió aplicarle el régimen general de cumplimiento, lo que implica que no fuera necesario tener cumplida la mitad de la pena impuesta para progresarle de grado. Ello era posible al no haber sido Galindo condenado por delitos de terrorismo ni en el seno de una organización criminal.

Tras esta decisión, la Junta de Tratamiento de la cárcel de Ocaña II acuerda proponer su clasificación en tercer grado, que permite sólo tener que acudir a la cárcel a dormir. Dos votos particulares proponen la progresión pero en la modalidad de vida del artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario.
ASPECTOS POSITIVOS.
Los aspectos positivos que se valoraron para ello fueron la antigüedad de los hechos delictivos por los que fue condenado (cometidos en octubre de 1983); tratarse de su primer delito; seguir un proceso de resocialización correcto desde la comisión de los delitos hasta su entrada en prisión; perfecta adaptación y comportamiento en el centro penitenciario desde su ingreso el 14 de julio de 2003, incluso con actitud colaboradora; haber satisfecho la responsabilidad civil; y haber aceptado los valores prosociales y principios constitucionales.

También se tuvo en cuenta su buena vinculación familiar, haber disfrutado de permisos sin incidencias y su positiva evolución en el cumplimiento del segundo grado, lo que conduce a que el pronóstico de reinserción social favorable emitido por la Junta de Tratamiento de Ocaña en febrero del año pasado se mantenga.
No obstante, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias decidió mantener en segundo grado a Galindo, aunque en el mes de septiembre acordó aplicarle el artículo 100.2 en relación con el 86.4 del Reglamento Penitenciario. El juez Central de Vigilancia Penitenciaria ha estimado ahora el recurso de Galindo contra dicha resolución.



Otro caso, más sangrante aún y reciente:


CASO DE JUANA CHAOS. Prisión atenuada: art. 100.2 RGP. (JC Vigilancia Penitenciaria S, 01-03-07)


Les pasamos enlace:

Fuente texto íntegro:
http://www.upfiscales.com/info/senten_relev/SRe06P134.htm

De este caso les ponemos un comentario para quien haya “soportado” leer hasta aquí:


La ley orgánica 7/2003, de 30 de junio reformó el Código Penal y la Legislación Penitenciaria para introducir el cumplimiento íntegro de las condenas y unos requisitos específicos para que los condenados por delitos de terrorismo puedan acceder al tercer grado (artículo 72.6 Ley General Penitenciaria) y a la libertad condicional (artículo 90 del Código Penal). Básicamente, tienen que acreditar el abandono de la violencia, la colaboración con las autoridades, el pago de sus responsabilidades civiles, la petición de perdón a las víctimas y una efectiva desvinculación de la organización terrorista.
De Juana no sólo incumple radicalmente todos estos requisitos sino que, además, ha sido condenado en firme por el Tribunal Supremo por un delito de amenazas en concurso con otro de enaltecimiento del terrorismo, hallándose aún en prisión.


Sentimos habernos extendido en éste mensaje pero en esta vida, no todo vale y atendemos a lo que nos piden, esperar, controlar, etc. pero solicitamos igualdad de trato, de información y no aceptamos para nada ni amenazas ya recibidas, ni presiones de medios de comunicación que utilizan …………………el que? para publicar lo que escriben, y que a quien intentamos amparar, se actúe con escarnio público y desprestigio, juzgada ya se la juzga en los tribunales, los demás opinan y punto, guste o no.

Saludos solidarios.

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